La crisis que estalló en Ceuta a finales del pasado mes de julio ha dejado de ser, un mes después, un mero expediente migratorio o una nueva prueba de estrés para las relaciones entre España y Marruecos. Sus efectos han terminado por agudizar las contradicciones dentro del propio sistema político español, trasladando el pulso desde la frontera hasta el seno del Gobierno, el Parlamento, los partidos y los servicios de inteligencia, hasta situar en el debate el papel que podría desempeñar la Corona en un momento en que Madrid sigue sin articular una versión política y de seguridad común sobre lo ocurrido.
La decisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de desmarcarse de las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el próximo 2 de septiembre ha puesto de manifiesto hasta qué punto la crisis de Ceuta ha quedado atravesada por la disputa política. En la comunicación remitida por la dirección del partido a sus responsables locales, los socialistas resumieron su posición bajo el lema «Ceuta sí. Su utilización partidista, no» y acusaron al Partido Popular (PP) de aprovechar una crisis humanitaria para convertir los ayuntamientos en espacios de movilización contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por su parte, el Partido Popular elevó el tono de la confrontación. Elías Bendodo anunció que su formación organizará las concentraciones por su cuenta en aquellos municipios donde los responsables socialistas se nieguen a participar, al tiempo que sostuvo que la crisis de Ceuta ha «dejado al descubierto» la incapacidad del Gobierno y reprochó a Sánchez que estuviera de vacaciones mientras España afrontaba una situación que, a su juicio, afectaba a su soberanía. De este modo, incluso una movilización concebida inicialmente como muestra de solidaridad con la ciudad ha terminado convirtiéndose en un nuevo motivo de división entre los dos principales partidos del país.
Más significativo aún es que la división ya no se limita al pulso entre el PSOE y el PP, sino que ha empezado a abrir brechas dentro de los propios bloques políticos. Algunos responsables socialistas locales se han desmarcado de la línea de la dirección del partido, mientras que dos diputados del PSOE en la Asamblea de Ceuta ya habían cuestionado abiertamente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que reclamaron una respuesta más firme y ágil ante la crisis.
En paralelo, Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha ido marcando cada vez más distancias con el discurso oficial. Diputados de la coalición acusaron a Marruecos de actuar «de mala fe», mientras uno de sus parlamentarios fue más allá al afirmar que Sánchez mantiene con el rey Mohammed VI una relación marcada por el «síndrome de Estocolmo».
Ceuta proporciona a la extrema derecha su terreno predilecto
En medio de esta pugna, Vox aparece como la formación que mejor ha sabido sacar rédito político de la crisis. Desde los primeros días, el partido desplazó el foco de la gestión de la frontera hacia un discurso asentado en tres ejes: inmigración, seguridad y soberanía.
Santiago Abascal calificó lo ocurrido de «invasión» y reclamó la «militarización permanente» de la frontera con Marruecos, el cierre del paso fronterizo y la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Rabat. Vox, además, ha vinculado de forma recurrente la presencia de migrantes en la ciudad con la delincuencia, el deterioro de la seguridad y la presión sobre los servicios públicos, al tiempo que se ha opuesto al traslado de menores a otras comunidades autónomas.
Este lenguaje no se produce en un vacío político. Un análisis publicado por El País, basado en distintos estudios y en la opinión de expertos en demoscopia, concluye que la intensa atención mediática y política sobre la inmigración, cuando aparece asociada en el debate público a conceptos como «caos», «inseguridad» e «invasión», suele generar un caldo de cultivo favorable para los partidos de extrema derecha. El diario señala, además, que los sondeos no apuntan a un retroceso de Vox respecto a las elecciones de 2023, sino que lo sitúan entre los principales beneficiarios del actual escenario político.
En otro sondeo, elaborado por Sigma Dos, el 47,6 % de los españoles señaló a Marruecos como principal responsable del estallido de la crisis de Ceuta, mientras que el 99 % afirmó haber oído hablar de ella, un nivel de conocimiento que da cuenta de la extraordinaria repercusión que el asunto ha alcanzado en el debate público español.
Pero la otra cara de este rédito político ha sido el auge del discurso contra la inmigración. Las autoridades españolas han detectado un fuerte repunte de los mensajes racistas y xenófobos vinculados a los acontecimientos de Ceuta, en paralelo a las protestas, agresiones y enfrentamientos registrados en la ciudad. Todo ello ha convertido la cuestión fronteriza en un asunto cotidiano de la pugna electoral en España.
¿Quién lo sabía? Un choque sin precedentes entre Defensa, Interior y los servicios de inteligencia
Lo más preocupante para las propias instituciones del Estado español, según numerosos observadores, no es ya el enfrentamiento entre los partidos, sino la incapacidad del Gobierno para ofrecer, hasta ahora, una versión coincidente sobre la información de la que disponían los servicios de inteligencia antes de que estallara la crisis.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró ante el Parlamento que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había alertado a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un riesgo elevado de movilizaciones y de intentos de entrada a nado, y precisó que la información de inteligencia no siempre se transmite mediante informes escritos.
Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo ese mismo día que «no hubo ningún informe». Posteriormente, la Delegación del Gobierno en Ceuta emitió un comunicado en línea con la versión de Interior, en el que aseguró no haber recibido esa alerta.
La discrepancia no quedó ahí. Otros ministros respaldaron la versión de Marlaska, mientras Robles se mantuvo firme en su defensa de la actuación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). El choque llegó hasta la oposición, que reclamó la comparecencia de la directora del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para esclarecer qué sabía la inteligencia, cuándo tuvo conocimiento de ello y a quién trasladó esa información.
De este modo, una cuestión de seguridad que, en principio, debía tener una respuesta técnica clara acabó desembocando en un enfrentamiento público entre dos ministerios clave del Estado. A la controversia se sumó una asociación militar, que reprochó a la ministra de Defensa no haber abordado suficientemente las condiciones de los efectivos desplegados en Ceuta ni los problemas que afrontan sobre el terreno. Por su parte, Izquierda Unida llegó a reclamar que se investigara la posibilidad de que miembros de los servicios de inteligencia hubieran retenido información sin trasladarla a Interior, una hipótesis planteada en el terreno político sobre la que, hasta el momento, no se ha aportado ninguna prueba pública.
Incluso el Gobierno cambió su evaluación de la crisis
La sensación de desconcierto se vio aún más acentuada por la propia gestión de la crisis. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó ya el 30 de julio la declaración de una emergencia nacional y la creación de un mando único, mientras el Gobierno sostenía que los distintos ministerios actuaban de forma plenamente coordinada.
El 1 de agosto, Marlaska aseguró que la situación había «dado la vuelta en 24 horas» y que la crisis estaba prácticamente bajo control. Sin embargo, cerca de un mes después, el Gobierno acabó estableciendo de facto un mando único y declaró, por primera vez, una «situación de interés para la Seguridad Nacional» en Ceuta, lo que supuso en la práctica reconocer que la crisis había desbordado las previsiones iniciales.
Las discrepancias alcanzaron incluso a la valoración del papel de Marruecos. Mientras Robles reclamaba investigar quién había «permitido» que se produjeran los hechos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, seguía calificando de eficaz la cooperación con Marruecos y defendiendo a Rabat como un socio necesario para restablecer la estabilidad. En cambio, los socios del PSOE en la coalición de Gobierno fueron endureciendo su posición hacia Marruecos.
Y ahí reside el principal problema político. España no afronta únicamente discrepancias sobre cómo resolver la crisis de Ceuta, sino también sobre cómo definir la propia crisis. ¿Se trata de una crisis migratoria, de una cuestión de seguridad nacional o de una crisis de soberanía? ¿Quién debe asumir la responsabilidad? Y, sobre todo, ¿fallaron los servicios de inteligencia o fue el poder político el que no supo gestionar la información de la que disponía?
Cuando el rey vuelve a la escena
Esta falta de un liderazgo unificado ha vuelto a situar a la Corona en el centro del debate. El rey Felipe VI rompió su silencio el 1 de agosto para expresar su «preocupación y profundo malestar» y subrayar que el Estado debe garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla y evitar que lo ocurrido vuelva a repetirse. El monarca mantuvo además conversaciones con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y los presidentes de ambas ciudades.
Sin embargo, el giro más significativo llegó cuando el propio Gobierno de Sánchez consultó al rey sobre la posibilidad de mantener un contacto directo con el rey Mohammed VI para abordar la crisis. Aunque la conversación entre ambos monarcas no se ha producido hasta ahora, la posibilidad de una visita de Felipe VI a Ceuta sigue sobre la mesa.
Es notable que el llamado a la intervención del rey no solo provino de la derecha, ya que Enrique Santiago, diputado de "Sumar" y líder de Izquierda Unida, pidió a Felipe VI que se pusiera en contacto con el rey Mohammed VI, diciendo que el rey español "se había demorado" en hacerlo.
La opción de dar un mayor protagonismo al rey encontró respaldo, además, en otros sectores de la izquierda. Enrique Santiago, diputado de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, reclamó a Felipe VI que se pusiera en contacto con el rey Mohammed VI para abordar la crisis y consideró que el monarca español ya «está tardando» en hacerlo.
Sin embargo, el margen de actuación de la institución monárquica está delimitado por la Constitución española. El rey puede desempeñar un papel simbólico y diplomático y contribuir a rebajar la tensión, pero no puede sustituir al Gobierno ni asumir de manera autónoma la dirección de la política de seguridad y exterior.
Un mes después del estallido de la crisis, Ceuta ha dejado de ser únicamente un foco de tensión fronteriza para convertirse en el reflejo de una crisis de liderazgo en España. Un Gobierno cuyos ministerios mantienen narrativas enfrentadas, una coalición gubernamental dividida en su relación con Marruecos, un Partido Popular que intenta convertir la gestión de la crisis en un examen a la capacidad de Sánchez, y una extrema derecha que encuentra en el temor a la inmigración y en el debate sobre la soberanía un potente combustible electoral.
Entre todas estas fuerzas, la institución monárquica está volviendo gradualmente a la imagen, no porque tenga una solución ejecutiva para la crisis, sino porque la discordia entre las instituciones y los partidos ha llevado a parte de la clase política a buscar un punto de referencia capaz de producir la imagen de unidad que el gobierno y la oposición juntos, hasta ahora, han sido incapaces de mostrar en el caso de Ceuta.
