Cataluña celebra este viernes su fiesta nacional, conocida como "La Diada", una conmemoración que desde hace décadas combina su dimensión histórica e identitaria con reivindicaciones políticas vinculadas al autogobierno, el derecho de autodeterminación y, para una parte del movimiento soberanista, la independencia de España.
Las celebraciones de este año coinciden con una nueva jornada de movilización del independentismo catalán. La Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y varias organizaciones soberanistas han convocado manifestaciones en Barcelona, Girona y Amposta bajo el lema "Som aquí. Som-hi. Independència".
En Barcelona, dos marchas tienen previsto comenzar a las 17:14 horas, una referencia simbólica al año 1714, antes de confluir en la plaza de Catalunya.
La jornada ha estado precedida por incidentes registrados el jueves por la noche en los alrededores del Fossar de les Moreres, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes de la izquierda independentista y opositores a un acto organizado por Aliança Catalana. La intervención de las unidades antidisturbios terminó con la detención de tres personas.
El 11 de septiembre tiene un fuerte significado histórico para Cataluña.
La fecha recuerda la caída de Barcelona en 1714 ante las tropas de Felipe V, después de aproximadamente catorce meses de asedio durante la Guerra de Sucesión Española.
Tras aquella derrota, fueron abolidas distintas instituciones y normas propias de Cataluña, un episodio que posteriormente adquirió un importante valor simbólico para el catalanismo político.
Las primeras celebraciones organizadas de la Diada se remontan a finales del siglo XIX, concretamente a 1886. La conmemoración fue prohibida durante diferentes periodos, especialmente durante la dictadura de Francisco Franco, antes de recuperar protagonismo durante la transición democrática y convertirse oficialmente en fiesta nacional de Cataluña en 1980.
Con el paso de los años, las reivindicaciones catalanas fueron evolucionando desde la defensa de la lengua, la cultura y el autogobierno hacia demandas de mayor soberanía política.
Uno de los principales puntos de inflexión se produjo en 2010, cuando el Tribunal Constitucional anuló o reinterpretó varios apartados del Estatuto de Autonomía aprobado en 2006.
La sentencia provocó una fuerte reacción política y social en Cataluña y coincidió con un periodo marcado por la crisis económica, las discusiones sobre el modelo de financiación autonómica y el reparto de competencias entre la Generalitat y el Gobierno central.
Durante los años siguientes, el apoyo a la independencia aumentó y el movimiento soberanista organizó grandes movilizaciones coincidiendo con la Diada.
La confrontación institucional alcanzó su momento más intenso el 1 de octubre de 2017, cuando el Gobierno catalán organizó un referéndum sobre la independencia pese a que el Tribunal Constitucional había suspendido su celebración.
Según los resultados difundidos por las autoridades catalanas, el 90,18% de los participantes votó a favor de la independencia, con una participación cercana al 43% del censo electoral. Una parte importante de los ciudadanos contrarios a la secesión no participó en la consulta.
Durante aquella jornada, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil intervinieron en distintos colegios electorales para impedir la votación y requisar urnas.
Human Rights Watch documentó posteriormente episodios de uso excesivo de la fuerza en varias actuaciones policiales, mientras las autoridades sanitarias catalanas informaron de centenares de personas atendidas.
Semanas después, el Parlament de Cataluña aprobó una declaración de independencia. El Gobierno español respondió activando el artículo 155 de la Constitución, destituyó al Ejecutivo autonómico, asumió temporalmente determinadas competencias de la Generalitat y convocó nuevas elecciones regionales.
Desde entonces, el conflicto político catalán ha experimentado importantes transformaciones. El independentismo ha perdido parte de la capacidad de movilización registrada durante los años centrales del llamado "procés", aunque las fuerzas soberanistas siguen defendiendo el derecho de autodeterminación y la celebración de un referéndum acordado con el Estado.
Al mismo tiempo, una parte del conflicto se ha desplazado del terreno judicial y de las movilizaciones hacia la negociación política. La aprobación de la ley de amnistía y los acuerdos entre el Gobierno central y varios partidos catalanes han abierto una nueva etapa en las relaciones entre Madrid y las formaciones soberanistas.
El debate territorial tampoco se limita a Cataluña. En el País Vasco, formaciones como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu mantienen reivindicaciones relacionadas con el reconocimiento de la identidad nacional vasca y el derecho a decidir su relación política con el Estado.
En julio de 2026, ambas formaciones defendieron conjuntamente la necesidad de avanzar hacia una nueva relación con el Estado basada en la bilateralidad y en el reconocimiento de la voluntad democrática de la ciudadanía vasca.
De esta forma, la celebración de la Diada vuelve a situar en el centro del debate político español la cuestión territorial y los distintos modelos defendidos por las comunidades autónomas y por el Gobierno central.
Mientras la Constitución española establece la unidad de la nación y atribuye la soberanía al conjunto del pueblo español, las fuerzas independentistas catalanas continúan defendiendo la posibilidad de que Cataluña pueda decidir mediante votación su futuro político.
Una cuestión que, casi nueve años después del referéndum de 2017, sigue formando parte de la agenda política catalana y española.
