En los últimos días hemos asistido a una creciente presencia de discursos profundamente hostiles hacia Marruecos en determinados espacios mediáticos españoles. En un momento especialmente delicado para las relaciones entre Madrid y Rabat, el papel de los medios de comunicación adquiere una importancia todavía mayor.
La libertad de expresión y el pluralismo informativo constituyen pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Precisamente por ello, resulta legítimo preguntarse si determinados programas y espacios de opinión están ofreciendo una representación suficientemente plural de las diferentes posiciones existentes sobre Marruecos, Argelia, España y la cuestión del Sáhara.
En algunos de estos espacios se ha convertido en habitual la presencia de voces procedentes del entorno de los campamentos de Tinduf que defienden abiertamente determinadas posiciones políticas. La cuestión no debería ser impedir que estas voces sean escuchadas. Al contrario: tienen derecho a expresar sus opiniones y a defender sus posiciones. El problema surge cuando determinadas afirmaciones son presentadas al público sin el necesario contraste, sin contexto histórico y sin la participación de otras voces capaces de aportar perspectivas diferentes.
En una de estas intervenciones televisivas, una periodista y abogada llegó a calificar a uno de estos activistas como un «auténtico luchador saharaui» y elogió los riesgos personales que, según ella, estaría dispuesto a asumir en defensa de sus posiciones. También lo animó a continuar con su actividad y a defender con firmeza lo que considera los derechos de su pueblo.
Durante el mismo diálogo se abordó la cuestión de los derechos humanos en Marruecos. La entrevistadora afirmó que no debería permitirse a Marruecos hablar de derechos humanos y formuló graves acusaciones relacionadas con el supuesto uso de «napalm» contra la población saharaui.
Una afirmación de semejante gravedad exige, precisamente por respeto al periodismo, algo más que una declaración televisiva. Exige contexto, documentación, fuentes independientes y, sobre todo, la posibilidad de que las partes afectadas puedan responder.
El periodismo no debería convertirse en un tribunal de una sola voz.
Nadie puede pretender que los medios de comunicación españoles renuncien a informar sobre las denuncias relativas a los derechos humanos en Marruecos. Las violaciones de derechos humanos, allí donde se produzcan, deben ser investigadas y denunciadas. Pero el mismo principio debe aplicarse a todas las partes y a todas las realidades de la región.
Si se habla de derechos humanos en Marruecos, también debería poder hablarse de la situación en los campamentos de Tinduf. Si se cuestionan las actuaciones de las autoridades marroquíes, también deberían poder analizarse las responsabilidades de otros actores políticos de la región. Y si se presenta una determinada interpretación histórica del conflicto del Sáhara, el público debería tener acceso igualmente a las posiciones contrarias y a los argumentos de especialistas con diferentes perspectivas.
La pluralidad no significa conceder la razón a todos. Significa permitir que las diferentes posiciones puedan ser conocidas y contrastadas.
¿Dónde está la voz de los marroquíes?
Esta es, quizá, la pregunta que más debería preocuparnos.
¿Por qué no encontramos con la misma frecuencia en determinados programas de televisión españoles a periodistas, académicos, investigadores y especialistas marroquíes capaces de explicar la posición de Marruecos en español?
¿Por qué no se organizan debates en los que participen expertos españoles, marroquíes, saharauis y argelinos, con posiciones diferentes, sometiendo sus argumentos a las mismas preguntas y al mismo nivel de exigencia periodística?
La sociedad española tiene derecho a conocer todas las versiones. Y la sociedad marroquí también tiene derecho a que su posición sea explicada directamente, sin que otros hablen permanentemente en su nombre.
No se trata de pedir propaganda a favor de Marruecos. Tampoco de exigir que los medios españoles defiendan las posiciones del Gobierno marroquí. Se trata de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: pluralidad, contraste y rigor profesional.
En un contexto de tensión entre España y Marruecos, los medios de comunicación deberían contribuir a reducir la polarización y no a profundizarla.
Por eso es precisamente ahora cuando resulta más necesario un periodismo responsable.
Un periodismo que cuestione a Marruecos cuando sea necesario, pero que también cuestione a España, a Argelia, al Frente Polisario y a cualquier otro actor cuando existan motivos para hacerlo.
Un periodismo que no convierta a una persona en portavoz absoluto de una realidad compleja.
Un periodismo que no confunda activismo político con información.
Y, sobre todo, un periodismo que no permita que la ciudadanía reciba una realidad construida desde una única perspectiva.
España y Marruecos están unidos por una historia, una geografía y unos intereses que hacen imposible la indiferencia entre ambos países. Precisamente por ello, necesitamos más puentes de comunicación y menos discursos de confrontación.
La televisión pública, en particular, tiene una responsabilidad especial. Su obligación no debería ser amplificar una determinada corriente política, sino garantizar que el ciudadano disponga de los elementos necesarios para formarse su propia opinión.
La pregunta, por tanto, no es si debemos escuchar a quienes critican a Marruecos. Por supuesto que sí.
La verdadera pregunta es:
¿Estamos escuchando también a quienes tienen otra versión de la historia?
Si la respuesta es no, entonces el problema no es la libertad de expresión.
El problema es la falta de pluralidad.
Escritor y periodista
Presidente de AMILAC — Asociación Marruecos Íbero Latino América y el Caribe para la Cohesión de las Civilizaciones y la Fusión de las Culturas
