Los pasillos políticos y mediáticos de Madrid han sido testigos de una evidente confusión y contradicción en el discurso del Ejecutivo central a raíz de las informaciones sobre una eventual visita del rey Felipe VI a la ciudad ocupada de Ceuta. Las dimensiones de este embrollo político han sacado a la luz la compleja gestión de un asunto delicado donde se cruzan las pugnas partidistas internas en España con los minuciosos cálculos diplomáticos hacia el Reino de Marruecos.
El origen de la polémica se remonta al encuentro mantenido por el monarca con el presidente del Gobierno local de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca. Tras la reunión, Vivas declaró ante los medios un compromiso expreso del Monarca para visitar la ciudad autónoma, aunque sin fijar una fecha en el calendario. El anuncio supuso una sorpresa política y una presión directa sobre el Gobierno de Pedro Sánchez; dado que el soberano español no ha pisado territorio ceutí desde su proclamación en 2014, evitando así alterar la sensibilidad de Rabat, que sostiene sus reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta, Melilla y las islas adyacentes.
En un intento por esquivar el compromiso diplomático y eludir responsabilidades políticas ante la opinión pública, la ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, optó por una estrategia de evasiva en declaraciones a TVE. Saiz insistió repetidamente en que "la Casa Real es dueña de su propia agenda", negando tener constancia de obstáculos puestos por el Ejecutivo para impedir los desplazamientos del Rey, en una maniobra orientada a trasladar la responsabilidad al Palacio de la Zarzuela y presentar a la Jefatura del Estado como un actor independiente en sus decisiones.
Sin embargo, el relato de la portavoz apenas se mantuvo en pie durante unas horas. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, desautorizó la tesis de su compañera de gabinete al declarar abiertamente que "es el Gobierno el que decide la agenda del Rey, sobre todo en materias de sensibilidad política". Puente aclaró que cualquier eventual desplazamiento a Ceuta se produciría cuando la Administración central estimase "el momento más oportuno", coincidiendo en el fondo con los señalamientos del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad del refrendo gubernamental para dichos viajes.
Aunque el ministro Puente no citó explícitamente a Marruecos en su intervención, su alusión a las cuestiones de "sensibilidad política" y a la elección del "momento oportuno" pone de manifiesto, según analistas políticos, el pragmatismo diplomático de Madrid y su celo por preservar los equilibrios con Rabat para no erosionar la alianza estratégica bilateral.
Esta flagrante contradicción entre los miembros del Gabinete evidencia la dualidad que Madrid intenta amortiguar: mientras la intervención de Saiz responde a una maniobra mediática para evitar reconocer el freno institucional por motivos de Estado, las palabras de Puente se ajustan al marco legal y constitucional vigente, según el cual la actividad oficial y política exterior del Jefe del Estado queda subordinada al refrendo del Presidente del Gobierno.
El episodio confirma que la cuestión de Ceuta y Melilla continúa siendo un punto de alta sensibilidad en las relaciones hispano-marroquíes, obligando al Ejecutivo de Sánchez a ponderar cuidadosamente el manejo de la agenda real para no comprometer el clima de entendimiento con el Reino de Marruecos.
