Las obras de ampliación de un espacio de culto utilizado por la comunidad musulmana en el parque Can Zam, en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, en las cercanías de Barcelona, han generado un amplio debate en el ámbito municipal, convirtiéndose en el eje de un conflicto entre los partidos de oposición y el gobierno local sobre el respeto a la normativa urbanística y la transparencia en la gestión de los espacios públicos.
Según fuentes municipales, la comunidad musulmana utiliza desde hace años estructuras temporales dentro del parque para la oración, bajo una autorización previa concedida por el ayuntamiento. Sin embargo, la instalación reciente de una estructura metálica ha provocado las objeciones de los partidos de oposición, que califican las obras de ilegales y exigen aclaraciones a la administración local.
El Partido Popular de España presentó una denuncia administrativa alegando la “construcción ilegal o ampliación de una mezquita en terrenos protegidos”. El partido señaló que el terreno pertenece al municipio y está gestionado por el Área Metropolitana de Barcelona, presidida por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Según el PP, las obras incluyen una estructura metálica, bases de hormigón y otros elementos constructivos que podrían asemejarse a un edificio semi-cerrado, pese a que la zona está clasificada como espacio verde protegido cerca de un cauce fluvial, donde la normativa prohíbe edificaciones permanentes.
El partido también indicó que las obras carecían de licencia de construcción o proyecto técnico aprobado, y que no se registraron inspecciones visibles en el lugar. Miguel Jurado, líder del PP en Santa Coloma, criticó lo que calificó de “silencio del gobierno local” pese a la denuncia presentada.
Por su parte, Vox pidió clarificaciones sobre la situación urbanística del lugar, acusando al gobierno municipal de manejar el expediente con “opacidad”. Aitor Navarro, concejal del partido en el ayuntamiento, señaló que las leyes deben aplicarse a todos por igual, y que normalmente los vecinos deben obtener permisos incluso para las obras más sencillas.
Versión de la comunidad musulmana
Durante una visita de campo realizada por el diario Assahifa al lugar de culto en el parque Can Zam, responsables del espacio explicaron que la comunidad musulmana utiliza este espacio desde 2004, cuando el ayuntamiento les permitió su uso para la oración, es decir, desde hace más de veinte años.
Los representantes señalaron que el aumento de la población musulmana en la ciudad ha hecho que el espacio actual resulte insuficiente para acoger a los fieles, especialmente durante los viernes y celebraciones religiosas. Añadieron que en varias ocasiones solicitaron al ayuntamiento la ampliación del espacio o el traslado a un lugar mayor para construir una mezquita más grande, pero aseguran que sus solicitudes fueron ignoras o sin respuesta.
Según los responsables, las obras recientes que han generado la polémica se limitan a cubrir parte de la fachada para proteger el lugar de las lluvias durante el invierno, dado que las condiciones eran difíciles debido a filtraciones de agua. También afirmaron que solicitaron la licencia correspondiente para estas obras, pero no recibieron respuesta, lo que los obligó a realizar la cobertura de manera temporal.
En contraste, los partidos de oposición consideran que estas acciones constituyen una ampliación ilegal dentro de un espacio público protegido, lo que ha convertido el caso en un asunto político dentro del pleno municipal.
Aunque el ayuntamiento ha abierto un expediente para evaluar la situación y detener las obras temporalmente, el debate continúa entre quienes consideran que se trata de una infracción urbanística que requiere demolición y quienes lo interpretan como consecuencia de la falta de soluciones a largo plazo para las necesidades de la comunidad musulmana en la ciudad.