Una investigación exclusiva publicada por el diario THE OBJECTIVE ha puesto al descubierto una profunda crisis institucional en el seno de la Guardia Civil, motivada por los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de ejercer un control político efectivo sobre la alta dirección del Instituto Armado. Fuentes internas del Cuerpo denuncian una «suave y sutil colonización» de la estructura de mando a través del encumbramiento de al menos nueve generales y un coronel pendiente de ascenso, todos ellos identificados con un marcado «perfil político» y afines a la corriente del Ejecutivo, alejándose del principio histórico de neutralidad y servicio exclusivo al Estado.
De acuerdo con el citado medio, esta maniobra de sometimiento institucional estaría siendo ejecutada con «puño de hierro» por la directora general de la institución, Mercedes González, destacada militante del PSOE. Las mismas fuentes señalan que la adhesión de esta cúpula militar se ha vertebrado mediante la compra de voluntades a base de «ascensos, prebendas y enchufes», una dinámica que ha provocado un severo malestar y una creciente alarma en las escalas intermedias y de base del Cuerpo, donde se ha comenzado a perder el miedo a denunciar abiertamente la injerencia política.
La gravedad de la situación trasciende el ámbito organizativo e impacta de lleno en el terreno judicial. El informe sitúa el foco en la sede central de la calle Guzmán el Bueno, en Madrid, donde habrían quedado en evidencia los contactos entre la directora general y la exmilitante socialista Leire Díez, señalada como «fontanera» del PSOE. Esta alianza tendría como propósito ejercer presiones en la cadena de mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO) —unidad de élite en la lucha contra la corrupción— para inducir a sus agentes a aminorar el celo investigador en las causas judiciales encomendadas por los jueces sobre presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno, al partido y al entorno familiar del presidente.
Esta presunta trama de interferencia en las acciones de la Justicia ha derivado en responsabilidades penales concretas. El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) y calificado internamente como «el Indigno», encabeza la nómina de mandos alineados con el Ejecutivo y se encuentra formalmente investigado por el juez Santiago Pedraz. Tanto Llamas como Mercedes González afrontan imputaciones por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia dentro de la causa que investiga «las cloacas del PSOE», un entramado que habría estado presuntamente liderado por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado por la propia Leire Díez con el fin de desbaratar causas judiciales de alto impacto político.
