Las autoridades españolas en la ciudad de Ceuta continúan con los procedimientos de toma de huellas e identificación de cientos de niños y menores no acompañados en las dependencias policiales. Estas actuaciones suponen el paso previo al inicio de los trámites administrativos y la evaluación legal que determinará si se activa el proceso de repatriación para la reagrupación con sus familias en su país de origen, o bien su permanencia bajo la tutela de las instituciones de servicios sociales españoles.
La posición diplomática marroquí: disponibilidad total y llamada a superar los obstáculos legislativos
En relación con estos procedimientos sobre el terreno, una fuente diplomática marroquí, en declaraciones recogidas por la agencia oficial MAP, ha reiterado la postura firme y clara del Reino de Marruecos, manifestando su plena disposición a coordinarse y colaborar con los socios españoles y europeos para la repatriación de los menores no acompañados, en cumplimiento de las altas instrucciones reales dirigidas expresamente a los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores.
La misma fuente diplomática calificó de "falsas e infundadas" las acusaciones vertidas por ciertos sectores en España sobre una supuesta "falta de cooperación de Marruecos", subrayando que el Reino cumple siempre con sus compromisos internacionales y aborda este asunto humanitario con la máxima seriedad y responsabilidad. Asimismo, enfatizó el rechazo absoluto de Rabat a que esta cuestión sea instrumentalizada como baza de presión o utilizada con fines de confrontación política y electoral en el ámbito interno español.
En este sentido, el análisis diplomático marroquí señala que el verdadero obstáculo para agilizar el proceso de retorno no reside en la voluntad de Rabat, sino en las complicaciones y "trabas de carácter administrativo y judicial" derivadas de la propia legislación y de los procedimientos españoles, los cuales ralentizan y condicionan la ejecución de las devoluciones. Por todo ello, la parte marroquí concluye que una solución eficaz y sostenible a este expediente requiere que los socios efectúen un trabajo interno para superar los impedimentos legales impuestos por sus autoridades administrativas y judiciales, en lugar de recurrir a acusaciones que carecen de fundamento.
