Dos meses antes de la crisis migratoria que desbordó Ceuta a finales de julio, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participaron conjuntamente en un ejercicio concebido precisamente para mejorar la capacidad de detectar «patrones, actores, rutas y riesgos» asociados a movimientos migratorios irregulares. El antecedente cobra ahora una dimensión particular, después de que dentro del propio Gobierno español hayan aflorado versiones distintas sobre la información disponible antes del 30 de julio y sobre hasta qué punto el Estado podía anticipar lo que se avecinaba.
La existencia de ese ejercicio, celebrado los días 20 y 21 de mayo en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, ha sido recuperada este miércoles por La Razón en plena controversia entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. No se trató de una actividad genérica sobre inmigración: fue organizada conjuntamente por la Policía Nacional y el CNI y estuvo orientada a reforzar las capacidades de obtención y análisis de inteligencia en fuentes abiertas frente al tráfico ilícito de migrantes y otras amenazas transnacionales.
La propia documentación difundida entonces por el Ministerio del Interior confirma que el denominado «Charlie Lima Bravo» reunió a más de 350 profesionales de 30 países y planteó escenarios basados en situaciones operativas reales. Los participantes debían rastrear información disponible públicamente para identificar patrones de comportamiento, actores implicados, rutas y posibles riesgos antes de que estos se materializaran.
La Policía intervino directamente en su organización a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, una de las estructuras especializadas de Interior en el seguimiento de los flujos migratorios. Junto al CNI participaron asimismo organismos y agencias de países situados en algunas de las principales rutas hacia Europa, entre ellos Mauritania, Senegal, Mali y Gambia, además de la CIA estadounidense, la National Crime Agency británica y servicios franceses y mexicanos.
El dato adquiere relevancia no porque demuestre que los organismos españoles conocieran de antemano la magnitud que alcanzaría la entrada del 30 y 31 de julio, algo que el ejercicio de mayo no permite concluir, sino porque evidencia que Interior e Inteligencia disponían de mecanismos conjuntos específicamente diseñados para analizar señales migratorias, compartir información e identificar riesgos.
Ahí es donde aparece la paradoja que vuelve a colocar la gestión previa de la crisis bajo escrutinio. España había entrenado apenas unas semanas antes las herramientas necesarias para anticipar fenómenos migratorios irregulares y, cuando Ceuta quedó desbordada, la explicación oficial pasó a sostener que la dimensión de lo ocurrido era extraordinaria y prácticamente imposible de prever.
La cuestión se ha vuelto todavía más delicada después de la comparecencia de Robles en el Congreso. La ministra defendió que el CNI cumplió con su cometido y reveló que el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, sus agentes en Ceuta comunicaron a la Delegación del Gobierno la existencia de una convocatoria para intentar acceder a nado a la ciudad coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos. Robles subrayó además que el trabajo de Inteligencia no tiene por qué materializarse siempre en un informe escrito y que la información disponible había sido compartida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Marlaska mantiene, sin embargo, un planteamiento distinto. El titular de Interior insiste en que no existió ningún informe que permitiera anticipar una entrada de las dimensiones finalmente registradas. Su posición no niega necesariamente que hubiera información sobre convocatorias, movimientos previos o un incremento de la presión migratoria, sino que sostiene que ninguno de esos indicios hacía imaginable una llegada de decenas de miles de personas en cuestión de horas.
Ese matiz resulta esencial para separar dos cuestiones que han acabado entremezclándose en el debate político español. Una cosa es determinar si el Estado tenía conocimiento de señales que apuntaban a nuevos intentos de entrada y otra, distinta, establecer si podía calcularse de antemano la magnitud excepcional que alcanzaría el fenómeno.
Sin embargo, las explicaciones conocidas hasta ahora han abierto una nueva incógnita. Si había convocatorias circulando por redes sociales, si el CNI las estaba siguiendo, si la información llegó a distintas estructuras del Estado y si Policía e Inteligencia contaban con canales conjuntos de análisis específicamente entrenados apenas dos meses antes, la pregunta ya no puede limitarse a si existió o no un «informe» formal.
El foco se desplaza hacia cómo fue valorada la información disponible durante los días anteriores al 30 de julio, qué nivel de riesgo se atribuyó a las señales detectadas y por qué estas no desembocaron en una respuesta preventiva proporcional a lo que finalmente terminó ocurriendo.
El propio precedente de Ávila muestra, además, que Policía y CNI no operan como compartimentos estancos en materia migratoria. El ejercicio fue diseñado precisamente para reforzar el intercambio de información y convertir datos dispersos procedentes de fuentes abiertas en elementos útiles para anticipar riesgos. La cuestión, por tanto, no parece residir en la ausencia de instrumentos, sino en el alcance que tuvieron en la práctica ante una crisis real.
El ejercicio organizado en mayo no demuestra, por sí solo, que la crisis de Ceuta pudiera haberse evitado. Sí confirma, en cambio, que el Estado español llevaba tiempo desarrollando y entrenando capacidades precisamente destinadas a detectar anticipadamente los fenómenos que preceden a movimientos migratorios irregulares. Dos meses después, esas mismas capacidades han quedado en el centro de un debate que ya no gira únicamente en torno a lo que sabía el CNI, sino a qué hizo el conjunto del aparato estatal con la información que tenía sobre la mesa.
