La decisión afecta a diez centros de Zaragoza y se produce tras la inclusión de la medida en el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox, mientras el programa continúa vigente en otras comunidades españolas
El Gobierno de Aragón ha decidido no continuar durante el curso 2026/2027 con el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una iniciativa integrada desde hace décadas en el marco de cooperación educativa entre España y Marruecos. La decisión afecta a diez centros educativos de Zaragoza en los que el programa se venía desarrollando fuera del horario lectivo obligatorio y supone la retirada de la comunidad autónoma de una iniciativa bilateral que sigue funcionando en otras partes de España.
La explicación oficial de Aragón se centra en cuestiones administrativas y educativas. El Ejecutivo autonómico sostiene que no recibió del Ministerio español de Educación la documentación que había solicitado para comprobar tanto la situación profesional de los docentes enviados por Marruecos como los contenidos y competencias que se imparten en las aulas.
Entre la documentación reclamada figuran la acreditación de que los profesores son funcionarios del Ministerio de Educación Nacional marroquí, sus titulaciones y la documentación relativa a la ausencia de antecedentes penales, incluidos los relacionados con delitos sexuales por tratarse de docentes que trabajan con menores. Aragón afirma asimismo que pidió conocer los programas y contenidos concretos de las enseñanzas para verificar su adecuación a los criterios educativos que rigen en la comunidad.
La solicitud fue remitida al Ministerio español el pasado 3 de agosto. Según el Gobierno aragonés, la falta de respuesta llevó finalmente a suspender la participación en el programa para el próximo curso.
Pero la decisión administrativa llega acompañada de un antecedente político difícil de separar del contexto en el que se produce. La supresión del PLACM figuraba entre los compromisos asumidos por el Partido Popular y Vox en Aragón. Vox había defendido previamente la eliminación del programa y había situado la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí dentro de su discurso sobre inmigración, identidad y presencia cultural.
Así, una iniciativa concebida originalmente como instrumento de cooperación bilateral entre Madrid y Rabat termina convertida en uno de los asuntos incorporados al debate político español sobre la inmigración y la presencia de comunidades de origen extranjero.
De un convenio de 1980 a una decisión autonómica
El PLACM no nació como un programa educativo gestionado unilateralmente por Marruecos. Su origen se encuentra en el Convenio de Cooperación Cultural firmado por España y Marruecos en 1980 y posteriormente desarrollado mediante acuerdos y disposiciones administrativas.
El propio Ministerio español de Educación lo define como un programa de cooperación bilateral coordinado con la Embajada de Marruecos y gestionado en colaboración con las comunidades autónomas. Las clases son impartidas por profesores funcionarios marroquíes y están destinadas tanto a alumnos de origen marroquí como a otros estudiantes interesados.
En Aragón, cerca de 500 alumnos participaron en el programa durante los tres últimos cursos. Las enseñanzas se desarrollaban en diez centros de Zaragoza y fuera del horario obligatorio.
Por eso, la decisión adoptada en Aragón tiene un alcance concreto: retira a esta comunidad autónoma del programa para el próximo curso, pero no supone su desaparición en España ni la suspensión del marco de cooperación educativa entre Madrid y Rabat.
La historia de Marruecos, en el centro de la controversia
Uno de los elementos que adquieren especial relevancia en la discusión es precisamente el contenido cultural e histórico de las enseñanzas.
Los programas oficiales asociados al PLACM incluyen contenidos sobre geografía, historia y cultura de Marruecos. En los niveles más avanzados aparecen referencias a las principales etapas históricas del país, sus dinastías, su evolución durante el siglo XX y el periodo posterior a la independencia.
Ese componente explica en parte que la cuestión haya dejado de ser presentada únicamente como un asunto administrativo. Lo que está en discusión no es solo quién imparte las clases o qué documentación debe aportar un profesor, sino también qué lugar debe ocupar la enseñanza de la lengua y la cultura de origen dentro del sistema educativo español.
Para las autoridades aragonesas, la comprobación de los contenidos forma parte de sus responsabilidades educativas. Para Vox, la eliminación del programa responde además a una posición política que ya había sido expresada antes de la decisión del Gobierno autonómico.
Aragón no es un caso aislado
La decisión tampoco aparece completamente desconectada de lo ocurrido en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP con apoyo de Vox.
En Andalucía, el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones contempla la no renovación del programa a partir del curso 2027/2028, mientras que en Extremadura el pacto de Gobierno también incluyó su eliminación.
El patrón adquiere así una dimensión territorial. Allí donde Vox ha conseguido introducir sus posiciones en acuerdos de gobierno, la continuidad de determinados programas relacionados con la lengua árabe y la cultura marroquí ha pasado a formar parte de la negociación política.
No se trata, sin embargo, de una retirada generalizada en España. El propio Ministerio de Educación mantiene el programa en varias comunidades autónomas, por lo que hablar de una suspensión de las “escuelas públicas españolas” en su conjunto desvirtuaría el alcance real de la decisión.
El debate sobre el PLACM coincide además con otras controversias en las que Vox ha situado la presencia islámica y marroquí en el centro de su discurso político.
En Sevilla, por ejemplo, el Ayuntamiento concedió en julio la licencia para la construcción de un Centro Cultural Islámico que incluye una mezquita. Vox se opuso al proyecto y, a finales de agosto, presentó un recurso administrativo contra la licencia y solicitó su suspensión cautelar.
La licencia, por tanto, fue concedida; la actuación de Vox se produjo posteriormente mediante la impugnación administrativa del proyecto.
La conexión con el caso aragonés no es jurídica, pero sí política. El propio Vox andaluz ha utilizado en su discurso argumentos sobre la llamada “islamización” al abordar tanto la cuestión de las mezquitas como la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí.
La particularidad del PLACM es que durante décadas ha formado parte de la cooperación institucional entre España y Marruecos. Su continuidad dependía de un esquema en el que intervenían Madrid, Rabat y las comunidades autónomas.
La decisión de Aragón introduce ahora una ruptura en ese modelo a escala autonómica. Y lo hace en un momento en que la relación con Marruecos está sometida en España a un debate político que va mucho más allá de la educación.
El caso aragonés deja, por tanto, una cuestión abierta que no se limita a los diez centros afectados: hasta qué punto los acuerdos de cooperación cultural suscritos entre España y Marruecos pueden quedar condicionados por los cambios en la política autonómica española y, especialmente, por las posiciones de las fuerzas que cuestionan determinados aspectos de la presencia marroquí y musulmana en España.
La respuesta determinará si lo ocurrido en Aragón queda como una decisión puntual de una comunidad autónoma o se convierte en el comienzo de una revisión política más amplia de uno de los instrumentos educativos que durante más de cuatro décadas han formado parte de la cooperación entre Rabat y Madrid.
