La crisis migratoria registrada en Ceuta ha vuelto a situar la organización del Mundial de 2030 en el centro del debate político en España, después de que partidos de la extrema derecha y de la izquierda coincidieran en reclamar la exclusión de Marruecos de la organización conjunta del torneo, pese a sus diferentes posiciones políticas e ideológicas.
En ese contexto, Vox presentó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a dirigirse a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para revisar la participación de Marruecos. La formación considera que los acontecimientos registrados en Ceuta pusieron fin a lo que define como las bases de confianza y cooperación necesarias para organizar un torneo conjunto. Asimismo, calificó a Marruecos de «socio desleal» y reclamó que se garantice la celebración de la final en España, al considerar que su eventual adjudicación al Reino supondría una «ofensa» para los intereses españoles.
Por su parte, Sumar, el socio minoritario de la coalición de Gobierno, reclamó revisar el modelo de organización tripartito, al considerar que Marruecos no debería beneficiarse del prestigio internacional ni de los ingresos económicos asociados al Mundial mientras se le acusa de utilizar la inmigración como instrumento de presión política.
A esas demandas se sumó también Podemos, que propuso limitar la organización del torneo a España y Portugal. No obstante, el Gobierno español reiteró, a través de la ministra de Deportes, su respaldo a la fórmula tripartita integrada por España, Marruecos y Portugal.
No obstante, estas iniciativas parecen responder más a una estrategia de presión política y populista que a medidas capaces, por sí solas, de modificar la configuración del torneo. Marruecos no pasó a formar parte de la candidatura por decisión del Gobierno español para que Madrid pueda excluirlo ahora de la misma manera. Fueron las federaciones de Marruecos, España y Portugal las que presentaron ante la FIFA una candidatura conjunta, respaldada posteriormente por expedientes técnicos, garantías gubernamentales y jurídicas, así como por compromisos en materia de infraestructuras, seguridad, derechos humanos y organización de los partidos.
El 11 de diciembre de 2024, el Congreso Extraordinario de la FIFA, integrado por 211 federaciones nacionales, designó a Marruecos, España y Portugal como países anfitriones del Mundial de 2030, junto con la celebración de tres partidos conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay.
La designación no se produjo mediante una votación competitiva entre varias candidaturas, sino por aclamación, después de que la candidatura tripartita se convirtiera en la única aspirante, sobre la base de una propuesta aprobada por unanimidad por el Consejo de la FIFA y con el respaldo de las confederaciones continentales.
Sin embargo, la ausencia de una votación competitiva en la fase final no resta importancia al papel que desempeñó Marruecos durante el proceso de construcción de alianzas. Así lo sostuvo el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en una entrevista concedida a Informa Radio, en la que afirmó que España y Portugal no habrían podido reunir por sí solas los votos necesarios para imponerse si la competición entre candidaturas hubiera continuado. A su juicio, la incorporación de Marruecos aseguró el respaldo de una parte importante de África y privó a cualquier candidatura rival encabezada por Arabia Saudí de un influyente bloque de voto árabe y africano. «La organización del Mundial por parte de España habría sido imposible sin Marruecos», aseguró.
Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno español o la Real Federación Española de Fútbol pueden solicitar a la FIFA que revise la participación de Marruecos, del mismo modo que Marruecos puede pedir la exclusión de España. Sin embargo, ninguna de las dos partes tiene potestad para excluir unilateralmente a la otra. Del mismo modo, el Parlamento español no puede modificar una decisión de la FIFA por el mero hecho de aprobar una iniciativa parlamentaria, especialmente porque las propuestas presentadas hasta ahora no son vinculantes para el Gobierno.
En cuanto a la retirada unilateral de cualquiera de los países, ésta la situaría ante las obligaciones contractuales y las garantías oficiales ya asumidas, y podría abrir la puerta a reclamaciones de indemnización, a una redistribución de los partidos e incluso a una reevaluación de toda la candidatura. Se trata de una consecuencia jurídicamente probable, derivada de la propia naturaleza de los acuerdos de organización, aunque sigue estando supeditada a las cláusulas de los contratos detallados, cuyo contenido la FIFA no hace público en su totalidad.
Con arreglo a estas reglas jurídicas, la decisión última corresponde a los órganos de la FIFA, cuyo Congreso designó a los países anfitriones, y no a Madrid o Rabat de forma unilateral. Cualquiera de las partes puede ejercer presión y solicitar una revisión, pero modificar la fórmula tripartita requiere una decisión oficial de la FIFA y la regularización de los compromisos ya asumidos, no simplemente una iniciativa partidista surgida al calor de una crisis política coyuntural.
Estas iniciativas ponen de manifiesto que algunos partidos españoles no solo pretenden presionar a la FIFA para que reconsidere la fórmula tripartita, sino también reforzar la posición de Madrid en la disputa no declarada sobre la sede de la final.
Sin embargo, este discurso trasciende las consideraciones deportivas y organizativas para adentrarse en un trasfondo político e ideológico más profundo, especialmente en los sectores de la extrema derecha, que presentan a España como el país «más digno» de albergar el torneo frente a un Estado africano como Marruecos.
Se trata de una visión que, en muchas ocasiones, recupera los vestigios de la antigua mentalidad de superioridad colonial y se alimenta del populismo, así como de la instrumentalización de las cuestiones migratorias, fronterizas y de identidad en la confrontación política interna.
Por ello, la petición de excluir a Marruecos no parece sustentarse tanto en una evaluación técnica sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones ante la FIFA como en el intento de convertir una crisis política coyuntural en un instrumento de presión sobre el organismo internacional y de obtener ventajas adicionales para España, entre ellas la celebración de la final del Mundial de 2030.
